Tuvo más de 4 meses de discusiones y nunca pudo tratarse en el recinto.

Fue archivado en el mes de septiembre con el pretexto de que «devino improcedente», luego de que se emitiera la Resolución 267/24 por la Secretaría de Comercio que prohíbe el cobro de tasas e impuestos en comprobantes de bienes y servicios.